25 estados demandan a Trump: ¿Es legal la nueva ronda de aranceles?
Coalición de 25 estados demandó al gobierno de Trump para frenar nuevos aranceles, al acusar que excedió sus facultades legales al imponerlos
Decenas de estados demadan a Trump por nuevos aranceles. Crédito: Shutterstock
La política comercial del gobierno Donald Trump enfrenta un nuevo desafío judicial, ya que una coalición de 25 estados encabezada por fiscales generales demócratas, presentó una demanda para intentar bloquear la más reciente ronda de aranceles impuestos por la Casa Blanca, al considerar que el presidente excedió las facultades que le otorga la ley.
La querella fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y busca que los jueces suspendan la aplicación de los gravámenes, los declaren ilegales y ordenen el reembolso de los aranceles que ya han sido pagados por importadores.
¿Por qué demandaron los estados al gobierno de Trump?
Los estados sostienen que la Casa Blanca utilizó de forma indebida la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer nuevos aranceles a productos provenientes de 60 socios comerciales de Estados Unidos, una medida que, aseguran, prácticamente reemplaza los gravámenes que anteriormente fueron invalidados por los tribunales.
Según la demanda, los nuevos impuestos a las importaciones oscilan entre 10% y 12.5% y afectan a economías que representan 99.4% de las importaciones estadounidenses, por lo que su impacto podría extenderse a miles de productos que llegan al mercado del país.
Los demandantes afirman que la legislación invocada por la administración solo permite imponer sanciones comerciales tras una investigación específica sobre prácticas desleales de un país determinado, además de exigir que las medidas estén directamente relacionadas con corregir esa conducta.
Sin embargo, argumentan que el gobierno realizó investigaciones aceleradas sobre los 60 países en apenas dos meses y medio, sin cumplir con las consultas obligatorias para cada nación ni justificar por qué aplicó tasas prácticamente uniformes a economías con situaciones muy diferentes.
Letitia James acusa un aumento ilegal de impuestos
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales impulsoras de la demanda, aseguró que la administración intenta revivir una política comercial que ya fue rechazada por los tribunales.
“Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la administración intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, declaró James.
Los estados sostienen que estos gravámenes terminarán trasladándose a consumidores y empresas mediante precios más altos en numerosos productos importados.
La Casa Blanca defiende la legalidad de los aranceles
La administración Trump rechazó las acusaciones y aseguró que los nuevos aranceles tienen respaldo jurídico.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que Estados Unidos está utilizando las herramientas legales disponibles para combatir prácticas comerciales que considera perjudiciales para la economía estadounidense.
Según el funcionario, algunos países no aplican de manera efectiva restricciones contra productos elaborados con trabajo forzoso, lo que representa una competencia desleal para las empresas y trabajadores estadounidenses.
Además, defendió que los aranceles establecidos bajo la Sección 301 ya demostraron ser una herramienta legal válida durante el primer mandato de Trump.
El trabajo forzoso, en el centro del conflicto
La administración justificó los nuevos aranceles argumentando que numerosos países, así como la Unión Europea, no han impedido que productos elaborados con mano de obra forzada ingresen a sus cadenas de suministro.
No obstante, la demanda cuestiona esa explicación y asegura que no existe una relación directa entre los aranceles generalizados y el supuesto problema del trabajo forzoso.
Los estados señalan que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, no presentó evidencia que vincule el nivel de los aranceles con la presencia de productos elaborados mediante trabajo forzado en cada país.
Asimismo, sostienen que la USTR tampoco estableció criterios claros para que las economías afectadas puedan eliminar los gravámenes en el futuro.
Los demandantes detectan inconsistencias
La demanda también destaca ejemplos que, a juicio de los estados, debilitan el argumento de la administración.
Uno de ellos es el caso de la carne congelada de Brasil. Aunque la USTR la mencionó como uno de los productos asociados con trabajo forzoso, finalmente quedó exenta de los nuevos aranceles.
Para los demandantes, este tipo de excepciones demuestra que la política comercial carece de una lógica consistente.
Los aranceles afectan a casi todas las importaciones
De acuerdo con la Casa Blanca, las nuevas tarifas quedaron distribuidas en dos niveles principales:
- 10% para países como Canadá, México, la Unión Europea y Taiwán.
- 12.5% para economías como China, Japón, Corea del Sur y otros socios comerciales.
En conjunto, estas naciones representan prácticamente la totalidad de los bienes que Estados Unidos importa cada año.
Kathy Hochul advierte impacto en los consumidores
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respaldó la demanda y afirmó que los nuevos aranceles terminarán afectando directamente el bolsillo de las familias.
Según la mandataria, los gravámenes encarecerán productos de consumo cotidiano como alimentos, artículos básicos para el hogar, materiales de construcción y otros bienes esenciales.
La demanda también cuestiona el momento de la medida
Otro de los argumentos presentados por los estados es el calendario utilizado por la administración Trump.
La USTR anunció los nuevos aranceles el 23 de julio, apenas un día antes de que expiraran los gravámenes temporales impuestos bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio.
Los demandantes consideran que esta coincidencia permitió mantener la política arancelaria prácticamente sin interrupciones, pese a que las bases legales utilizadas anteriormente habían sido cuestionadas por los tribunales.
El antecedente de la Corte Suprema
La controversia tiene origen en un fallo emitido este año por la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autorizaba varios de los aranceles impuestos previamente por la administración Trump.
Posteriormente, el Tribunal de Comercio Internacional también rechazó el uso de la Sección 122 como fundamento legal para mantener esos gravámenes, aunque esa decisión permanece suspendida mientras continúa el proceso de apelación.
Los estados sostienen que, tras esos reveses judiciales, la administración recurrió rápidamente a la Sección 301 para reinstalar prácticamente el mismo esquema arancelario.
No es el único proceso contra los nuevos aranceles
La demanda de los 25 estados representa al menos el segundo desafío legal contra esta nueva política comercial.
Días después del anuncio realizado por la Casa Blanca, un grupo de pequeñas empresas también presentó recursos judiciales al considerar que el gobierno no puede utilizar una base legal distinta para restablecer aranceles que previamente fueron anulados por la Corte Suprema.
Ahora será el Tribunal de Comercio Internacional el encargado de determinar si la administración Trump actuó dentro de los límites que establece la legislación comercial estadounidense o si, como sostienen los demandantes, excedió su autoridad al imponer nuevamente gravámenes a las importaciones.
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