California, Illinois y Minnesota recortan cobertura médica a migrantes
Tres estados liderados por demócratas reducen la cobertura de salud para inmigrantes sin papeles, en un giro que sorprende y preocupa a miles de familias
Los migrantes de California, Illinois y Minnesota se quedan sin cobertura médica. Crédito: Shutterstock
Durante años, California, Illinois y Minnesota se destacaron como bastiones de políticas progresistas en materia de salud pública, sobre todo para las comunidades inmigrantes. Sin embargo, en un giro que ha generado inquietud entre activistas, médicos y defensores de derechos humanos, los tres estados han anunciado recortes en la cobertura médica para personas sin estatus legal, una medida impulsada y respaldada por gobernadores demócratas que en su momento lideraron la expansión de estos mismos beneficios.
La paradoja no ha pasado desapercibida. En discursos anteriores, estos mandatarios defendieron con firmeza el acceso universal a la salud, independientemente del estatus migratorio. Hoy, las decisiones que avalan pintan un panorama distinto, uno marcado por restricciones fiscales, presiones presupuestarias y cambios en las prioridades políticas.
¿Qué está cambiando en cada estado?
California: una expansión que retrocede
California fue pionera al ofrecer cobertura médica estatal (Medi-Cal) a inmigrantes indocumentados, comenzando con niños, luego extendiéndola a adultos jóvenes, y más recientemente a personas mayores de 50 años. Sin embargo, para 2025, la administración del gobernador Gavin Newsom anunció nuevas limitaciones presupuestarias que afectarán precisamente a esta población. Algunos programas dejarán de recibir fondos, mientras que otros serán restringidos o congelados, lo que impactará directamente a miles de beneficiarios.
Illinois: presupuesto ajustado, prioridades replanteadas
En Illinois, el programa Health Benefits for Immigrant Adults (HBIA) ofrecía cobertura médica básica a personas indocumentadas mayores de 42 años. A mediados de 2025, el gobernador J.B. Pritzker autorizó un recorte de fondos que reduce significativamente el número de personas que podrán seguir accediendo al programa. Se han introducido topes de inscripción, listas de espera y la reducción de servicios no urgentes. La medida fue justificada como parte de un esfuerzo mayor para equilibrar el presupuesto estatal.
Minnesota: de la vanguardia al retroceso
Minnesota se unió más tarde al esfuerzo por ampliar la cobertura de salud a inmigrantes sin documentos, y había prometido ampliar beneficios para 2025. Sin embargo, recientemente, el gobernador Tim Walz anunció que parte de la iniciativa será pospuesta indefinidamente por falta de viabilidad fiscal, dejando a miles sin la esperanza de un sistema de salud accesible. El anuncio ha sido recibido como un retroceso inesperado en un estado que suele liderar en inclusión social.
¿Qué llevó al cambio de rumbo?
Aunque cada estado tiene su contexto particular, existen factores comunes que explican esta marcha atrás en políticas de salud inclusivas:
- Costos de implementación: Los programas estatales para inmigrantes sin estatus legal a menudo requieren ajustes técnicos, recursos administrativos y coordinación interinstitucional, lo que en tiempos de crisis presupuestaria se vuelve más difícil de sostener.
- Déficit presupuestario: Todos los estados enfrentan crecientes demandas fiscales, especialmente tras los impactos prolongados de la pandemia de COVID-19.
- Presión política interna: A pesar de que los gobernadores son demócratas, las legislaturas y los electores enfrentan divisiones internas sobre cómo asignar los fondos públicos.
- Narrativas sobre inmigración: En un año electoral, el tema migratorio ha vuelto a polarizar el debate nacional. La presión para reducir “gastos sociales a no ciudadanos” ha encontrado eco incluso entre votantes moderados.
Para quienes estaban comenzando a confiar en un sistema que los incluía, la noticia ha sido devastadora. Organizaciones comunitarias como California Immigrant Policy Center, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights y Immigrant Law Center of Minnesota han alzado la voz en nombre de quienes no tienen derecho al voto pero sí enfrentan enfermedades crónicas, partos, accidentes y otras urgencias de salud.
“Primero nos prometieron cuidado. Luego nos entregaron esperanza. Y ahora, nos vuelven a dejar fuera del sistema”, dice Lucía M., una inmigrante guatemalteca con 12 años viviendo en California y que depende de Medi-Cal para su tratamiento de diabetes.
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