En este estado de EE.UU. hay un plan para frenar la cobertura médica para indocumentados
California enfrenta una fuerte caída en la recaudación de impuestos debido a la desaceleración económica, un mercado laboral inestable y menores ingresos
Migrantes en Estados Unidos. Crédito: Shutterstock
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha encendido el debate estatal al anunciar un déficit presupuestario de $12 mil millones de dólares para el año fiscal 2025–2026. En un intento por contener el gasto público, ha propuesto una medida controvertida: congelar el acceso al programa estatal de salud pública Medi-Cal para inmigrantes indocumentados.
Un presupuesto en crisis: el origen del déficit
California enfrenta una fuerte caída en la recaudación de impuestos debido a la desaceleración económica, un mercado laboral inestable y menores ingresos del sector tecnológico. En este contexto, Newsom presentó una revisión presupuestaria que recorta gastos en varios sectores clave, incluyendo la salud pública.
Aunque el déficit proyectado para principios de 2024 era de $38,000 millones, las medidas ya implementadas han logrado reducirlo, según el gobernador, a $12,000 millones. Sin embargo, aún se requieren ajustes significativos para equilibrar las finanzas estatales.
Medi-Cal bajo revisión: ¿quiénes se verían afectados?
Uno de los puntos más controversiales del plan de Newsom es su propuesta para congelar la expansión de Medi-Cal, el programa de seguro de salud estatal. En enero de 2024, California había extendido la cobertura a todos los residentes de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio, convirtiéndose en el primer estado del país en hacerlo de forma completa.
Ahora, la nueva propuesta detendría el ingreso de nuevos beneficiarios indocumentados, aunque no retiraría la cobertura a quienes ya están inscritos. El objetivo sería reducir la presión financiera sobre el sistema de salud pública, que representa uno de los rubros más costosos del presupuesto estatal.
¿Cuánto cuesta la cobertura para inmigrantes indocumentados?
Según estimaciones del Departamento de Finanzas de California, la expansión de Medi-Cal para inmigrantes sin estatus legal costaría más de $3 mil millones anuales una vez implementada por completo. Esta cifra representa una fracción del presupuesto total del estado, pero en un escenario de déficit, cualquier ahorro se vuelve significativo.
El plan de Newsom busca ahorrar más de $300 millones congelando el acceso al programa para nuevos solicitantes en esta categoría. Aunque los defensores de la medida argumentan que se trata de una solución temporal y técnica, los críticos aseguran que tiene profundas implicaciones sociales y políticas.
Reacciones: entre la justicia social y el ajuste fiscal
Organizaciones de derechos civiles, grupos de defensa de inmigrantes y varios legisladores demócratas han expresado su rechazo al plan. “Negar acceso a la salud no resuelve un déficit, lo agrava a largo plazo”, dijo en un comunicado la senadora estatal María Elena Durazo.
Por su parte, defensores del gobernador señalan que Newsom no elimina beneficios existentes, sino que propone un ajuste temporal mientras se estabilizan las finanzas del estado. El equipo del gobernador también reiteró que el enfoque general sigue siendo proteger a las comunidades más vulnerables.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
La propuesta forma parte de la revisión del presupuesto de mayo, una etapa clave en el ciclo fiscal de California. El plan ahora debe pasar por la Legislatura estatal, donde probablemente enfrentará enmiendas y negociaciones intensas antes del 30 de junio, fecha límite para aprobar el presupuesto definitivo.
Si se aprueba tal como está, el congelamiento del acceso a Medi-Cal para inmigrantes indocumentados entraría en vigor en julio de 2025.
Un debate con implicaciones nacionales
La decisión de California no solo tiene efectos locales, sino que también podría marcar un precedente nacional en el tratamiento de la salud pública para inmigrantes. Mientras otros estados observan cómo se desarrolla el proceso, el equilibrio entre responsabilidad fiscal y justicia social vuelve al centro del debate político en Estados Unidos.
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