Fiscales de 22 estados demandan a la administración Trump por recortes a SNAP que afectarían a familias inmigrante
Fiscales de 22 estados demandan a la administración Trump por nuevas reglas del USDA que reducen beneficios SNAP para familias inmigrantes
Pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria están en medio de controvertida polémica con el gobierno de Donald Trump. Crédito: Shutterstock
Una coalición integrada por 21 a 22 fiscales generales estatales, encabezada por Letitia James, fiscal general de Nueva York, presentó una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump el 26 de noviembre de 2025. La acción legal busca frenar la más reciente directriz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la cual limita el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para miles de familias inmigrantes en todo el país.
El caso fue presentado ante un Tribunal de Distrito en Eugene, Oregón, y reúne a estados como California, Minnesota, Massachusetts, así como a otros gobiernos estatales que consideran que la nueva política es “arbitraria, discriminatoria y perjudicial” para las comunidades que dependen de estos beneficios.
¿Qué cambia con la nueva regla del USDA?
La medida del USDA busca restringir la elegibilidad para SNAP a familias que incluyen padres o niños inmigrantes en procesos migratorios específicos. Según los fiscales, esta regulación podría provocar la pérdida de asistencia alimentaria para cientos de miles de hogares de bajos ingresos, incluidos muchos con niños ciudadanos estadounidenses.
Expertos en políticas públicas han señalado que cualquier reducción en beneficios SNAP para familias inmigrantes genera efectos económicos negativos: más presión sobre bancos de alimentos, mayor inseguridad alimentaria y un impacto directo en la economía local, especialmente en estados con grandes poblaciones latinas como Nueva York, Texas, Nevada y California.
Los argumentos de los fiscales generales
Letitia James afirmó que el gobierno federal está actuando “sin fundamentos legales sólidos” y que la regla viola la Ley de Procedimiento Administrativo, al implementarse sin un análisis adecuado del impacto social y económico. La coalición también señala que el USDA no tomó en cuenta estudios que muestran cómo SNAP es uno de los programas más efectivos para combatir la pobreza infantil.
Además, la demanda sostiene que la administración Trump está intentando restringir beneficios utilizando criterios migratorios que nunca antes habían sido considerados para limitar asistencia alimentaria. Esto, argumentan, podría provocar un “efecto de miedo” que lleve a familias enteras a abandonar programas esenciales por temor a repercusiones migratorias.
Impacto en las comunidades hispanas
Para la comunidad hispana en Estados Unidos, este caso tiene implicaciones significativas. En muchos hogares latinos, SNAP es un recurso crucial para enfrentar los altos costos de vida, especialmente en estados como Nueva York, California y Florida. La posibilidad de perder beneficios o quedar inhabilitados podría aumentar la inseguridad alimentaria en comunidades que ya enfrentan desafíos económicos severos.
Además, organizaciones comunitarias señalan que este tipo de políticas crea confusión y ansiedad entre familias inmigrantes que no saben si sus hijos —ciudadanos estadounidenses— podrían verse afectados.
¿Qué sigue?
El tribunal en Oregón determinará si la política del USDA podrá aplicarse mientras avanza el litigio. Es posible que se solicite una orden judicial preliminar que suspenda temporalmente la regla, lo cual podría beneficiar a familias que actualmente dependen del programa.
Mientras tanto, los fiscales generales aseguran que continuarán defendiendo el acceso de las familias inmigrantes a los beneficios alimentarios que les corresponden por ley.
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