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Hasta 400,000 beneficiarios del SSI podrían ver recortes por alojar a familiares discapacitados

Nueva propuesta del SSI podría reducir pagos a adultos discapacitados que viven con familiares y generar más cargas económicas

SSI del Seguro Social en Estados Unidos

r. Antes de convertirse en regla oficial, deberá pasar por un período de comentarios públicos donde familias, legisladores y organizaciones podrán expresar sus preocupaciones. Crédito: Shutterstock

Miles de familias en Estados Unidos siguen con preocupación una propuesta federal que podría cambiar la manera en que se calculan los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). El posible ajuste afectaría principalmente a adultos discapacitados y personas mayores de bajos ingresos que viven con familiares y dependen de ese apoyo para cubrir necesidades básicas.

El SSI, administrado por la Social Security Administration, funciona como un salvavidas financiero para personas con discapacidades severas o adultos mayores que no tienen suficientes recursos económicos. A diferencia de los beneficios tradicionales del Seguro Social, este programa está basado en necesidad económica.

La controversia surgió luego de que se conociera que el gobierno federal analiza modificar la manera en que considera la ayuda familiar dentro del cálculo del beneficio mensual. De aprobarse la propuesta, el valor de vivir en casa de un familiar podría contarse como “apoyo económico”, incluso cuando el hogar ya enfrenta dificultades financieras y recibe asistencia pública como el programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).

De acuerdo con un reporte publicado por ProPublica, hasta 400,000 beneficiarios podrían ver reducidos o eliminados sus pagos mensuales del SSI si el cambio avanza.

Actualmente, existe cierta protección para quienes viven en hogares que califican para cupones de alimentos del Supplemental Nutrition Assistance Program. La lógica detrás de esa regla es simple: si una familia necesita ayuda para comprar comida, probablemente tampoco tiene recursos suficientes para sostener completamente a un adulto discapacitado o a una persona mayor.

Sin embargo, la propuesta eliminaría parte de esa protección. Bajo el nuevo enfoque, adultos mayores de 18 años que no paguen renta completa en casa de sus familiares podrían ser considerados como receptores de ayuda económica adicional. Eso podría traducirse en reducciones de hasta un tercio del beneficio mensual.

Para muchas familias en Estados Unidos, donde es común que varias generaciones compartan vivienda para reducir gastos, el impacto podría ser especialmente duro. Un recorte en el SSI no solo afecta el ingreso mensual; también puede comprometer gastos esenciales como medicamentos, transporte, alimentos, servicios telefónicos y atención personal.

Además del posible recorte, defensores de derechos de personas con discapacidad advierten sobre otra preocupación: más trámites y vigilancia administrativa. Las familias podrían verse obligadas a reportar constantemente información sobre ingresos del hogar, pago de servicios, renta y distribución de gastos domésticos. Cualquier error podría provocar retrasos, revisiones o incluso reclamaciones de sobrepagos.

Organizaciones defensoras sostienen que la propuesta castiga justamente a las familias que optan por mantener a sus seres queridos en casa en lugar de enviarlos a instituciones.

Galen Carey, vicepresidente de relaciones gubernamentales de la National Association of Evangelicals y padre de un hijo adulto con síndrome de Down, señaló a ProPublica que reducir beneficios en estos casos sería contraproducente.

Mientras tanto, la Office of Management and Budget aseguró que todavía no existe una decisión final y que las propuestas continúan bajo revisión. Por su parte, funcionarios de la Administración del Seguro Social afirmaron que el comisionado Frank Bisignano mantiene el compromiso de proteger a las poblaciones vulnerables.

Por ahora, la medida todavía no entra en vigor. Antes de convertirse en regla oficial, deberá pasar por un período de comentarios públicos donde familias, legisladores y organizaciones podrán expresar sus preocupaciones.

La incertidumbre, sin embargo, ya comenzó a sentirse entre miles de hogares que dependen del SSI para mantener estabilidad financiera y cuidados en casa.

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