Por qué la ayuda a gobiernos estatales y locales ha frenado las negociaciones para un nuevo acuerdo de estímulo

Durante las negociaciones para sacar adelante un nuevo paquete de ayuda económica que ayuda a familias y pequeñas empresas a enfrentar la crisis del coronavirus, se ha mencionado con insistencia que uno de los puntos que detiene el acuerdo es la negativa de los republicanos a proporcionar más ayuda a los gobiernos estatales y locales.

Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, ha reiterado su negativa a proporcionar más recursos a los estados, pues no quiere ayudar a administraciones que han gastado recursos de manera irresponsable. 

Los demócratas, encabezados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, han dicho que no están dispuestos a bajar su propuesta de $2.2 trillones de dólares, aunque enfrentan la presión de los miembros de su partido y del equipo de transición del presidente electo.

¿Pero qué tan real es el argumento de los republicanos del Congreso?

Marc Joffe, analista de políticas en la Reason Foundation y ex director senior de Moody’s Analytics, señaló que a medida que el Congreso negocia más ayuda COVID-19, la discusión se ha nutrido con mejores datos, publicó este miércoles en The Hill.

Las estimaciones distorsionadas de la necesidad general de ayuda y cómo se desglosa entre las entidades, pueden generar ganancias inesperadas para gobiernos locales a expensas de los contribuyentes federales.

La Ley HEROES, cercana a los $3 trillones de dólares y aprobada por la Cámara de Representantes, tenía errores tan graves, dice Joffe, como una asignación de $2.15 billones de dólares para las Islas Marianas del Norte, un territorio asociado con solo 54,000 personas y 100 casos de coronavirus a mediados de noviembre.

En general la Ley HEROES, rechazada por el Senado, habría proporcionado alrededor de $1 trillón de dólares a estados, territorios, gobiernos locales, autoridades de tránsito y distritos escolares. Pero los montos de la ayuda se basaron en proyecciones de grupos de defensa del gobierno que no han dado resultado.

La Asociación Nacional de Gobernadores solicitó $500 billones en apoyo estatal con base en una estimación inicial de déficit de ingresos de tres años calculada por el Centro de Prioridades de Presupuesto y Política. La Liga Nacional de Ciudades (NLC) publicó un informe que estima que las ciudades, pueblos y aldeas perderían $360 billones durante el mismo periodo.

Pero estos análisis, realizados en abril, no estimaron el repunte del empleo durante el tercer trimestre de 2020 o que las vacunas contra el COVID-19 podrían comenzarse a distribuir antes de fin de año. El estudio de NLC también supuso grandes caídas en la propiedad. Los ingresos por impuestos sobre las ventas no se materializaron porque los precios de las viviendas se mantuvieron firmes y el aumento de las ventas del comercio electrónico compensó las disminuciones en los minoristas tradicionales.

Las proyecciones estatales individuales también fueron demasiado pesimistas. Por ejemplo, la revisión presupuestaria de mayo de 2020 del gobernador de California Gavin Newsom, pronosticó un déficit presupuestario de $54 billones de dólares, incluida una pérdida de ingresos de $32.2 billones para el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2020. Pero entre julio y octubre los ingresos estatales superaron la proyección del estado en $11.3 billones, lo que sugiere que la pérdida de ingresos del año fiscal completo será pequeña o nula. Aunque el desempleo se ha disparado, la pérdida de puestos de trabajo se ha concentrado entre aquellos con ingresos relativamente modestos. Las personas con altos ingresos pagan la mayor parte de los impuestos sobre la renta bajo el sistema altamente progresista de California.

Esto no quiere decir que algunos gobiernos estatales y locales no se hayan visto afectados negativamente por la pandemia, pero los efectos se han limitado principalmente a subsectores específicos, como los sistemas de transporte público, que están experimentando una drástica reducción de los ingresos por tarifas.

Las ciudades que dependen del turismo como Anaheim han experimentado reducciones importantes en los impuestos por la ocupación de hoteles y los estados productores de energía están recibiendo menos ingresos por impuestos de despido, debido a los bajos precios del petróleo y el gas. Pero estos problemas localizados están muy lejos de los escenarios de ingresos locales y estatales en el peor de los casos previstos originalmente. De ahí la negativa de los republicanos para rescatar a esos estados.

El segundo proyecto de Ley HEROES incluía un paquete más modesto de $436 billones de subsidios estatales y locales, pero incluso eso puede ser mucho más de lo que los gobiernos podrían perder. El nuevo número se basó en un informe de septiembre de Moody’s Analytics, que estimó pérdidas estatales y locales por $450 billones durante tres años fiscales.

El pronóstico de Moody’s incluyó $82.5 billones de gasto estatal adicional en Medicaid, ya que se esperaba que los nuevos desempleados aumentaran la cantidad de casos, pero el Servicio de Investigación del Congreso informó que la inscripción en Medicaid aumentó solo un 6.7 % durante los primeros meses de la pandemia. Además, es probable que los gastos estatales adicionales de Medicaid se compensen por completo con un aumento de la ayuda federal, ya que la Ley CARES ya aumentó el porcentaje de asistencia médica federal en 6.2 puntos.

Por lo tanto, es posible que los gobiernos estatales y locales ni siquiera necesiten los $436 billones de la segunda versión de la Ley HEROES y mucho menos el trillón de la primera. Además, sería injusto, de acuerdo con el análisis de Joffe, que los contribuyentes federales compensaran el impacto presupuestario total de la pandemia, aunque los gobiernos estatales y locales tienen reservas, o al menos deberían tenerlas, para superar las recesiones económicas.

Todo lo anterior, refuerza el argumento de los republicanos sobre enfocar la ayuda en programas específicos que ayuden a los estadounidenses a superar la crisis, aunque no el del manejo irresponsable de recursos.

Antes de que el Congreso apruebe gastos de estímulo adicionales, los miembros deberían examinar los datos fiscales en todos los niveles de gobierno en todo el país, en lugar de depender de las estimaciones hechas en los primeros días de la pandemia.