Propietarios impugnan moratoria de desalojos de los CDC: qué significa para los inquilinos que no pueden pagar renta

Los abogados y académicos que trabajan en nombre de los demandantes dicen que los CDC carecen de la autoridad constitucional para promulgar una política que afecte los alquileres

Propietarios impugnan moratoria de desalojos de los CDC: qué significa para los inquilinos que no pueden pagar renta
Los desalojos de inquilinos son un riesgo para la salud pública, de acuerdo con expertos.
Foto: ERIC BARADAT / Getty Images

El 20 de octubre, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia escuchó el primer caso contra la moratoria nacional sobre los desalojos, dictada en septiembre por la administración Trump a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Ese desafío, presentado por una organización sin fines de lucro llamada New Civil Liberties Alliance, se ha sumado a la Asociación Nacional de Apartamentos, que representa a unos 85,000 propietarios responsables de 10 millones de unidades de alquiler. Los abogados y académicos que trabajan en nombre de los demandantes en los casos dicen que los CDC carecen de la autoridad constitucional para promulgar una política que afecte los alquileres, informó el periodista Kriston Capps en Bloomberg.

La moratoria temporal de cuatro meses de los CDC aplicaba a cualquier inquilino que no pudiera pagar el alquiler debido a condiciones económicas y que presentara una declaración escrita sobre sus circunstancias al propietario.

Pero la prohibición de los CDC ahora enfrenta desafíos legales en múltiples frentes, incluso cuando los propietarios continúan presentando desalojos de manera rutinaria por falta de pago del alquiler, lo que de inicio intentaba prevenir la moratoria.

“Esta es una medida muy amplia”, dice Ilya Somin, profesor de derecho en la Universidad George Mason sobre la moratoria. “Se basa en leyes y regulaciones que permiten a los CDC adoptar regulaciones para detener la propagación de enfermedades contagiosas a través de las fronteras estatales. Si estas regulaciones son lo suficientemente amplias como para otorgar al CDC la autoridad para adoptar una moratoria de desalojo que se aplique a todo el país, entonces son lo suficientemente amplias como para imponer o restringir casi cualquier tipo de actividad”.

Legislación ambigua

Se podría emitir o denegar una decisión sobre una orden judicial preliminar en las próximas dos semanas y eso abriría la puerta para que los propietarios puedan presentar sus reclamos en los tribunales antes de que expire la moratoria a fin de año.

Tal decisión podría desencadenar un aumento en los desalojos: más de 6 millones de hogares no cumplieron con el pago del alquiler o la hipoteca en septiembre, según un análisis de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Encuestas recientes de la Oficina del Censo muestran que hasta 11 millones de personas que viven en viviendas de alquiler se retrasaron o se retrasaron en el alquiler el mes pasado.

La moratoria ha llevado a algunos propietarios a buscar minuciosamente infracciones del contrato de arrendamiento o medidas punitivas contra los inquilinos que no pueden pagar el alquiler, gente que de otro modo disfrutaría de protección bajo los auspicios de los CDC si acudieran a los tribunales.

“(La moratoria) no es una protección para muchos inquilinos”, dijo Alana Greer, directora y cofundadora del Community Justice Project, una organización sin fines de lucro con sede en Miami. “Solo esta semana, hemos tenido dos clientes cuya electricidad se cortó en su edificio después de cumplir la moratoria de los CDC”.

La moratoria de desalojo federal anterior, que fue autorizada por el Congreso como parte de la Ley CARES y se aplicó a un grupo más reducido de inquilinos, expiró en julio. También lo hizo la ayuda federal de $600 dólares por semana adicional a los beneficios por desempleo que resultó muy valiosa para los inquilinos sin trabajo. La primera moratoria federal también enfrentó varios desafíos legales; ninguno de los cuales tuvo éxito.

Sin embargo, esta vez no solo los propietarios rechazan la moratoria de desalojo. La Corte Suprema de Texas emitió una orden de emergencia en septiembre para aclarar que los propietarios aún pueden buscar un desalojo desafiando la moratoria de los CDC. Jeremy Brown, un juez de paz en el condado de Harris, Texas, donde miles de inquilinos de Houston han sido desalojados desde el inicio de la pandemia, dice que la mayoría de lestos no se dan cuenta de sus derechos y aún menos tienen los recursos legales para ejercerlos con éxito. .

“Independientemente de su delito, si a una persona la arrestan, el agente que lo detiene tiene la obligación de decirle que tiene ciertos derechos”, dice Brown. “Esa misma obligación no existe para la vivienda”.

Los propios CDC publicaron una actualización el 9 de octubre que indica que los propietarios aún pueden presentar una demanda de desalojo por falta de pago, incluso si los casos no se pueden escuchar hasta el año nuevo. Los defensores de los derechos civiles dicen que esta guía anula efectivamente la prohibición de desalojo, ya que muchos inquilinos pierden sus audiencias por default al no presentarse al caso una vez que reciben un aviso de desalojo.

“¿Por qué un arrendador querría iniciar un proceso de desalojo en octubre por un desalojo que no puede ocurrir hasta enero?” dice Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos. “La respuesta: presionar, asustar o intimidar a los inquilinos para que se vayan antes”.

Riesgos para la salud

Los riesgos para la salud pública asociados con los desalojos han sido estudiados por Michael Levy, epidemiólogo de la Universidad de Pennsylvania. Su investigación, que fue independiente de estos desafíos legales a la moratoria de los CDC, se centró en el efecto potencial de los desalojos en la propagación de COVID-19. Cuando los inquilinos son desalojados, a menudo se mudan con otros miembros de la familia, lo que aumenta el número de habitantes de los hogares y aumenta la posibilidad de transmisión viral. El modelo de Levy predice que una tasa de desalojo del 1% daría lugar a una incidencia de infección entre un 5% y un 10% más alta, lo que provocaría aproximadamente una muerte por cada 60 desalojos.

Los defensores de la vivienda citan evidencia como esa para argumentar que el desplazamiento de incluso una pequeña fracción de los millones de inquilinos en riesgo de desalojo infligiría un daño duradero a la economía, propagaría aún más el coronavirus y generaría un dolor indescriptible para las familias. Independientemente de lo que decidan los tribunales, los inquilinos que luchan aún enfrentan una posible catástrofe: sin más ayuda para el coronavirus probablemente antes de las elecciones de noviembre, tendrán que encontrar una manera de pagar cuando expire la moratoria de desalojo y todo el alquiler venza inmediatamente. Eso podría suceder el 31 de diciembre o antes.