Solicitudes fraudulentas de ayuda por desempleo detienen el cheque estímulo para miles de desocupados

Cientos de millones de dólares se destinaron a aplicaciones falsas, las autoridades sospechan de una banda de criminales nigerianos

Desempleados hacen fila en un centro de ayuda de la ciudad de Nueva York.
Desempleados hacen fila en un centro de ayuda de la ciudad de Nueva York.
Foto: KENA BETANCUR / Getty Images

Más de 40 millones de trabajadores han solicitado beneficios de desempleo desde los primeros días de la pandemia de coronavirus, siete veces más que durante todo 2019. Y todas esas solicitudes han sido un territorio fértil para los ladrones de identidad que presentan solicitudes falsas que podrían costarle al gobierno miles de millones de dolares, de acuerdo con una nota publicada este viernes por The New York Times.

“Los estafadores han podido esconderse en esta avalancha de datos”, dice Pam Dixon, directora ejecutiva del World Privacy Forum, un grupo de investigación de interés público. “Es una tormenta perfecta de fraude de identidad. Cualquiera podría ser víctima de esto “.

El coronavirus ha convertido el sistema de desempleo, que es administrado por los estados, en un objetivo atractivo de otras maneras: la Ley CARES agregó $600 dólares adicionales de ayuda y amplió la elegibilidad para trabajadores independientes que no están sujetos a las mismas verificaciones de empleo que generalmente se aplican.

Si tu solicitud ha sido enviada a revisión no necesariamente significa que alguien más trató de cobrar tu cheque, solo que las autoridades pensaron que necesitaba una inspección adicional. Los reclamos fraudulentos han obligado a los estados a mejorar su escrutinio e implementar sistemas que detectan reclamos potencialmente sospechosos. Y eso lleva tiempo.

A algunas personas les dicen que su pago se retrasaría durante un máximo de 72 horas, pero a veces pueden tardar semanas.

Los pagos indebidos en todo el país podrían ascender hasta los $26 billones de dólares este año debido al fraude, según el testimonio de Scott Dahl, quien acaba de retirarse como inspector general en el Departamento de Trabajo. La entidad investigan más de 400 casos relacionados con el seguro de desempleo y espera que ese número aumente.

El daño a las familias que han sufrido este fraude les puede cambiar la vida, mucho más que quedarse sin una tarjeta de crédito, porque algunos se pueden quedar sin ingresos durante meses.

“Las personas están perdiendo sus automóviles y sus hogares, se están mudando con otra familia porque no pueden pagar”, señala John Tirpak, director ejecutivo del Proyecto de Ley de Desempleo, una organización sin fines de lucro de defensa y servicios legales en el estado de Washington. “Es una gran crisis para muchas personas y no se trata de algo aislado”.

Washington puede ser el estado más afectado: los delincuentes han robado hasta $650 millones de dólares en beneficios, aunque el estado ya recuperó poco más de la mitad con la ayuda de autoridades federales, según un portavoz del Departamento de Seguridad de Empleo del estado.

Aproximadamente 200,000 solicitantes de ayuda en Washington fueron señalados por sospechosos en su identidad a mediados de mayo, pero en junio, con la ayuda de la Guardia Nacional se comenzaron a procesar las solicitudes, que se resolvieron recientemente. Pero todavía hay 71,000 personas que llenaron sus solicitudes desde marzo y no han recibido beneficios.

Criminales internacionales

En un documento obtenido por The New York Times en mayo, el Servicio Secreto sospechaba de una red criminal Nigeria por los problemas en Washington, y dijo que había evidencia de ataques coordinados en al menos otros seis estados: Carolina del Norte, Massachusetts, Rhode Isla, Oklahoma, Wyoming y Florida.

Aunque también otros estados son vulnerables. Michigan resolvió alrededor de 220,000 de las 340,000 solicitudes que dejó de pagar a fines de mayo, pero decenas de miles más necesitan ser analizados, según funcionarios estatales. Nueva York identificó aproximadamente 9,000 reclamos de impostores, que podrían haberle costado al estado hasta $160 millones de dólares.