Ten cuidado: estos son los métodos con que propietarios amenazan con desalojar a inquilinos en Nueva York aunque sea ilegal

Con un rebrote de la pandemia de coronavirus, una vacuna esperanzadora a la vista, pero aún no confirmada, y problemas económicos agravados sin un nuevo paquete de estímulo, algunos propietarios amenazan con desalojar a inquilinos, sobre todo en la ciudad de Nueva York, a pesar de que actualmente hay ciertas reglas temporales para evitar que lo hagan.

El 26 de marzo de este año, cuando el COVID-10 comenzaba a aparecer en Estados Unidos, Nueva York, una de las ciudades en el mundo con más casos de contagio, emitió una moratoria de desalojo para proteger a los inquilinos. Esto terminó a mediados de junio. La Ley CARES mantuvo la protección hasta el 31 de julio, día en que expiró.

A partir de ese momento y atendiendo las necesidades salubres propias para combatir la pandemia, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) extendieron todas las medidas de amparo hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, hay propietarios que amenazan con desalojar (y en algunas ocasiones logran hacerlo) a millones de inquilinos, entre problemas económicos y un rebrote de la enfermedad.

Documented informó sobre varios casos en los que inquilinos, sobre todo latinos, se han retrasado en el pago de su alquiler en el estado de Nueva York. El problema se ha agravado cuando algunos de los propietarios de esas viviendas han tomado medidas en contra de sus arrendatarios para cobrarles sus rentas retrasadas o desalojarlos de su propiedad.

Uno de los terribles métodos a los que recurren es a forzar a los inquilinos a abandonar la propiedad por “voluntad”. En uno de los casos que menciona Documented, cuando Álvaro Pardo, de origen colombiano, solicita alguna reparación por fugas de gas en la estufa o techo inundado, el propietario lo único que atina a responder es pidiendo el resto de su alquiler. Pardo sólo ha podido pagar la mitad de su renta de $1,950 dólares, sabiendo que deberá pagar el resto. Al parecer, el propietario quisiera que la familia de este mesero desempleado decida retirarse presionado por las carencias de su hogar por falta de mantenimiento y responsabilidad de él como arrendador.

“Al final, me está presionando, diciéndome que si no puedo pagar más, entonces tengo que irme“, dijo Pardo al portal de Nueva York. “Y, bueno, ahora mismo no tengo adónde ir, no hay forma de conseguir el resto del dinero”, concluyó.

Los inquilinos afectados por COVID-19 en el estado de Nueva York deberán entre $2.5 y $3.4 mil millones de dólares en alquiler atrasado para enero de 2021, con más de 800,000 hogares en riesgo de desalojo, predijo un informe de la firma de asesoría Stout para el Consejo Nacional de Agencias Estatales de Vivienda (NCSHA).

Actualmente, los propietarios pueden presentar quejas en el Tribunal de Vivienda para iniciar el proceso de desalojo, incluso si su inquilino perdió ingresos debido a COVID. Estos documentos iniciales han comenzado a llegar a manos de los arrendatarios.

Según los datos a nivel estatal obtenidos del Centro Furman de la Universidad de Nueva York, se ingresaron más de 16,000 solicitudes de desalojo privado en los 120 días transcurridos desde el 20 de junio, cuando los tribunales de vivienda comenzaron a aceptar solicitudes nuevamente.

A pesar de que los alguaciles de los cinco condados de la ciudad de Nueva York no han ejecutado desalojos legales este otoño, según un portavoz del Departamento de Investigaciones, los desalojos ilegales, cuando un propietario destituye a un inquilino sin la orden judicial requerida, son más difíciles de rastrear.

En un caso polémico acaecido en Kingston, Documented señaló que un propietario dejó afuera a una inquilina indocumentada y sus dos hijos menores de cinco años. Rebeca Garrard, gerente de campañas para la Justicia en la Vivienda de Acción Ciudadana, reportó que la mujer hizo pública su historia y, finalmente, el propietario la dejó entrar, pero decidió mudarse de todos modos.

“La gente no quiere quedarse en un lugar donde un propietario ha sido tan abusivo”, dijo Garrard. “El desafío de eso es que el propietario finalmente gana”, concluyó.

La presión que ejercen ciertos propietarios de manera ilegal sobre sus inquilinos ha demostrado un vacío legal y que debe resolverse de manera expedita, tanto por el gobierno del estado como a nivel federal, para evitar que este tipo de casos se repitan en todo el país.

Más allá de sólo brindar protección a los arrendatarios como si pareciera un terco afán, se proteja a toda la comunidad estadounidense de una posible segunda ola de contagios que podría recrudecerse con millones de personas sin hogar por las calles. Asimismo, un apoyo o beneficio para que los arrendadores no se vean obligados a buscar el desalojo porque sus finanzas también se afectan sin recibir el pago de la renta y con un manejo de deudas superior que posiblemente pudieran tener en comparación con muchas otras personas.

Un beneficio sobre inquilinos que beneficien a ambas partes.

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