Corte Suprema respalda la excepción religiosa a mandato anticonceptivo de Obamacare
Entre 70,000 y 126,000 mujeres podrían perder la cobertura anticonceptiva gratuita proporcionada por los empleadores como resultado del fallo
La Corte Suprema dictaminó el miércoles que se puede eximir a los empleadores, con una objeción religiosa o moral de un mandato federal, para proporcionar cobertura anticonceptiva gratuita a sus empleados.
El fallo debilita un requisito clave en virtud de la ley conocida como Ley del Cuidado Médico Asequible, que ha sobrevivido a los repetidos desafíos legales y políticos desde su promulgación hace 10 años.
Según cálculos de la administración Trump, entre 70,000 y 126,000 mujeres podrían perder la cobertura anticonceptiva gratuita proporcionada por los empleadores como resultado del fallo. Los críticos dicen que el número real podría ser mayor.
La votación fue de 7-2, con los jueces liberales Elena Kagan y Stephen Breyer uniéndose a la mayoría. Los otros dos jueces liberales en la corte, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, votaron en contra.
El juez Clarence Thomas, a nombre de la mayoría, dijo que la administración tenía “la autoridad bajo la (Ley del Cuidado Médico Asequible) para promulgar las exenciones religiosas y morales”. Además, señaló, las exenciones ampliadas, anunciadas hace tres años, no violaban los procedimientos reglamentarios.
La Ley del Cuidado Médico Asequible (ACA por sus siglas en inglés), promulgada en 2010 durante la presidencia de Barack Obama, exige que los planes de seguro de salud proporcionados por el empleador proporcionen “atención preventiva y exámenes de detección” gratuitos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de la administración Obama posteriormente emitió reglas que exigen que el plan de salud brinde a las mujeres todos los métodos anticonceptivos aprobados por el gobierno sin costo alguno. Las pautas eximían a las iglesias y otras casas de culto del mandato al tiempo que daban a las organizaciones religiosas sin fines de lucro la posibilidad de excluirse.
Los opositores al aborto dijeron que el mandato obligaba a los empleadores a pagar los medicamentos y procedimientos que inducen a la interrupción del embarazo. Como candidato presidencial, Trump criticó el mandato durante la campaña electoral de 2016 y prometió derogar la ley.
En 2017, después de que el Congreso no pudo invalidar la llamada “Obamacare“, la administración Trump emitió nuevas reglas para ampliar las exenciones y permitió que no solo los grupos religiosos privados, sino también las organizaciones con una “objeción moral” estén exentas de proporcionar cobertura de control de natalidad. Las reglas se finalizaron en 2018.
Dos preguntas clave se presentaron ante el tribunal: ¿el mandato anticonceptivo impone una “carga sustancial” a los empleadores en violación de una ley de 1993 conocida como la Ley de Libertad Religiosa y Restauración? Y, ¿tiene la administración la autoridad para ampliar las exenciones?
Si bien el tribunal no dictaminó sobre la ley de libertad religiosa en lo que se refiere a los empleadores religiosos, el juez Thomas manifestó que, a primera vista, “el mandato anticonceptivo es capaz de violar” la ley.
“La única pregunta que enfrentamos hoy es qué autoriza el lenguaje simple del estatuto”, escribió Thomas. “Y el lenguaje claro de la ley claramente permite a los departamentos crear los estándares de atención preventiva, así como las exenciones religiosas y morales”, dijo también el juez Thomas.