Después de Uber y Lyft, California buscará regular a las empresas de entrega de alimentos y comestibles

La polémica acerca de si los conductores de compañías como Uber y Lyft deben ser tratados como empleados o como trabajadores independientes en California ahora se extenderá los repartidores de comida de otras plataformas.

El mes pasado, Uber y Lyft amenazaron con cerrar sus servicios de transporte compartido en California antes de que se les concediera un indulto temporal. Sin embargo, Uber dijo que habría continuado con su su servicio de entrega de alimentos, Eats, que ha sido una estrella para la empresa durante la pandemia. Pero Eats trata a sus repartidores como contratistas independientes y debe responder a la misma ley de clasificación de trabajadores de California, conocida como AB-5.

De acuerdo con esa ley, que entró en vigor el 1 de enero, los empleadores deben cumplir con tres requisitos para demostrar que sus empleados son contratistas independientes, incluido que el servicio que brindan los trabajadores está fuera del negocio principal de la empresa.

A pesar de estar en vigor desde principios de año, no fue hasta mayo que el Fiscal General del estado, Xavier Becerra, fue tras esas empresas.

Según William B. Gould IV, profesor de derecho en la Universidad de Stanford, tiene mucho sentido que el fiscal general ponga sus canicas en la canasta de Uber.

“Se trata de una empresa que hace tiempo que se burla del estado de derecho y cree que no hay ninguna restricción que no puedan evadir”, agregó Gould IV, ex presidente de la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

Jenny Montoya Tansey, directora de políticas del Public Rights Project, una organización legal sin fines de lucro de interés público que ha estado involucrada con los esfuerzos de la aplicación de la ley en California, dijo que otro factor es que “los conductores se han organizado y están haciendo un trabajo realmente convincente para difundir sus historias, permitiendo que los reguladores, los encargados de hacer cumplir las políticas y los responsables de las políticas comprendan algunas de las experiencias por las que pasan”.

Por eso, agrega Montoya Tansey, “la entrega de alimentos no ha escapado al aviso de los encargados de hacer cumplir la ley AB-5”.

Las empresas de entrega de alimentos y comestibles a domicilio han crecido en importancia a medida que los consumidores confían en ellos para evitar los espacios públicos en medio de la crisis de salud pública.

Antes de AB-5, la abogada de San Diego, Mara Elliott, presentó una demanda contra Instacart, la startup de entrega de comestibles valorada en $14 billones de dólares, sobre la clasificación de los trabajadores; el caso está en curso. En junio, el fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin, presentó una demanda contra DoorDash, la empresa de entrega de alimentos valorada en $16 billones de dólares.

“La entrega de alimentos tiene más demanda que nunca. Las corporaciones multimillonarias que entregan alimentos se están beneficiando de esta crisis mientras explotan a sus repartidores y les niegan un salario digno, seguro de desempleo, licencia por enfermedad y otras protecciones básicas en el lugar de trabajo”, dijo la asambleísta Lorena González, de San Diego, en un comunicado a CNN Business, agregando elogios a las acciones de Elliott y Boudin.

“Espero que otros funcionarios sigan su ejemplo. Estas empresas deben cumplir con los mismos estándares que cualquier otro negocio respetuoso de la ley en el estado”, agregó González.

“Esta ha sido una pelea difícil. Siempre lo es cuando se enfrenta industrias de miles de millones de dólares; hay mucho en juego para ellas”, dijo Elliott, sobre la demanda de Uber y Lyft durante un evento en agosto con el Proyecto de derechos públicos.

El gobierno del gobernador de California, Gavin Newsom, ha destinado 20 millones de dólares a la aplicación de la ley AB-5, pero no está claro si apuntará a otras empresas mientras el caso contra Uber y Lyft se desarrolla este otoño. La oficina del Fiscal General se negó a comentar sobre su potencial estrategia legal.

Sobre la demanda de Instacart, Elliott dijo que estaba “un poco reacia al principio y eso se debe a que es un caso importante para una oficina como la nuestra”, y agregó que solo tienen tres litigantes.

La amenaza para el modelo de negocio combinado bajo demanda es evidente. Uber, Lyft, Instacart, DoorDash y Postmates, propiedad de Uber, han canalizado más de $110 millones para aprobar un referéndum en noviembre, conocido como la Proposición 22, que los eximiría de la ley y les brindaría a los conductores algunos beneficios adicionales.