El Tesoro de EE.UU. exige cuentas: gobiernos locales deben justificar fondos Covid o devolverlos
El Tesoro busca recuperar fondos del Plan de Rescate que gobiernos locales recibieron por Covid-19 y no justificaron ante el gobierno federal
El gobierno federal está pidiendo cuentas sobre los fondos que se otorgaron a los gobiernos locales para atender la emergencia por la pandemia del Covid-19. Crédito: Shutterstock
A más de cuatro años del estallido de la pandemia, el gobierno federal de Estados Unidos ha comenzado a exigir explicaciones. El Departamento del Tesoro ha lanzado una ofensiva para recuperar fondos del Plan de Rescate Estadounidense que fueron entregados a más de 30,000 gobiernos estatales, locales, territoriales y tribales durante la crisis sanitaria, pero que aún no han sido debidamente justificados.
Con $350,000 millones de dólares distribuidos desde 2021 como parte de este masivo paquete de alivio económico aprobado por el Congreso y respaldado por el presidente Joe Biden, la transparencia y la rendición de cuentas se han convertido en una prioridad. Ahora, las autoridades federales buscan respuestas concretas de miles de entidades que, a pesar de haber recibido millones, no han presentado informes sobre cómo usaron los fondos de ayuda por Covid-19.
¿Qué es el Plan de Rescate Estadounidense?
El American Rescue Plan Act (ARPA), aprobado en marzo de 2021, fue una respuesta histórica a los estragos provocados por el Covid-19. Entre sus múltiples componentes, uno de los más ambiciosos fue la entrega directa de fondos a gobiernos locales para fortalecer servicios esenciales, impulsar la recuperación económica y proteger a las comunidades más vulnerables.
Los recursos eran amplios y flexibles, permitiendo su uso en rubros como:
- Apoyo a la salud pública.
- Refuerzo de infraestructuras como agua y banda ancha.
- Programas de asistencia para alquiler y vivienda.
- Estímulo a pequeñas empresas.
- Bonificaciones para trabajadores esenciales.
Sin embargo, la condición era clara: los gobiernos receptores debían reportar detalladamente el destino de cada dólar.
Cientos de gobiernos locales no cumplieron con los reportes requeridos
En teoría, el Plan de Rescate incluía mecanismos de fiscalización robustos. Pero en la práctica, más de 1,000 gobiernos locales aún no han presentado la documentación obligatoria que justifique el uso del dinero recibido.
Según información reciente del Tesoro, muchas de estas entidades no entregaron sus informes anuales de cumplimiento financiero, requeridos bajo las reglas del programa SLFRF (State and Local Fiscal Recovery Funds). En consecuencia, podrían verse obligadas a devolver los fondos no reportados o enfrentar restricciones futuras en el acceso a subvenciones federales.
Los casos más problemáticos incluyen:
- Condados rurales sin acceso regular a internet o asesoría técnica.
- Pequeñas ciudades que no cuentan con departamentos contables propios.
- Gobiernos tribales con dificultades administrativas.
¿Cuánto dinero podría recuperarse?
Aunque el monto exacto de los fondos mal justificados aún se desconoce, se estima que miles de millones de dólares están en riesgo de ser reclamados por el Tesoro. Incluso si muchos gobiernos simplemente cometieron errores administrativos o se retrasaron en sus reportes, el gobierno federal ha dejado en claro que no tolerará la opacidad en el uso de fondos públicos.
En paralelo, se han identificado algunos casos extremos de presunto uso indebido de fondos de ayuda por Covid-19, incluyendo compras no relacionadas con la emergencia sanitaria, gastos personales de funcionarios y proyectos que nunca se concretaron.
La estrategia del Tesoro para recuperar los fondos
La recuperación no será sencilla. Por eso, el Departamento del Tesoro ha puesto en marcha una serie de acciones:
- Notificaciones formales de incumplimiento a los gobiernos que no reportaron su uso de fondos.
- Asistencia técnica para ayudar a entidades con menos capacidad administrativa.
- Auditorías aleatorias y cruzamiento de datos con otras agencias federales.
- Publicación de listas públicas con gobiernos morosos o incumplidos.
Aun así, recuperar los fondos no usados o mal reportados será un proceso lento y legalmente complejo. En muchos casos, los fondos ya fueron gastados, lo que podría implicar negociaciones o acuerdos para compensar al gobierno federal.
El impacto político y social
Este giro en la política fiscal no ocurre en el vacío. A menos de un año de las elecciones presidenciales, la administración Biden enfrenta presión por demostrar responsabilidad en el manejo del dinero público, especialmente frente a los republicanos que han criticado los “cheques en blanco” entregados a gobiernos locales.
Por otro lado, muchos alcaldes y gobernadores alegan que los requisitos de reporte fueron confusos, cambiantes y poco accesibles para jurisdicciones pequeñas. Algunos incluso han solicitado prórrogas para presentar su documentación sin penalizaciones.
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