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Gavin Newsom firma ley que protege a vendedores ambulantes de ICE

Los expertos señalan que la ley crea protecciones para este tipo de vendedores, algunos de los cuales cerraron sus negocios durante las redadas de ICE

Los demócratas estatales dicen que el proyecto de ley brinda protecciones a los empresarios inmigrantes y propietarios de pequeñas empresas en todo el estado.

Los demócratas estatales dicen que el proyecto de ley brinda protecciones a los empresarios inmigrantes y propietarios de pequeñas empresas en todo el estado. Crédito: leonardo.ai | Cortesía

Vender en la calle es una fuente de sustento para miles de familias en California, pero también puede implicar riesgos, especialmente para quienes enfrentan un estatus migratorio incierto. Hasta ahora algunos gobiernos locales exigían a los vendedores proporcionar información personal, como su ciudadanía, estatus migratorio o incluso huellas dactilares, para poder obtener un permiso. Estos datos quedaban almacenados y podían ser consultados por agencias federales, incluidas las de inmigración, lo que generaba temor y desconfianza entre los trabajadores ambulantes.

Consciente de esa vulnerabilidad el gobernador Gavin Newsom firmó la Ley de Protección de Negocios de Vendedores Ambulantes o SB 635, una medida que busca garantizar la privacidad de quienes viven de esta actividad. La nueva ley prohíbe que las autoridades locales compartan información personal de los vendedores ambulantes con agencias federales, como ICE, ofreciendo así una mayor protección a una comunidad que forma parte esencial de la vida y la economía de las calles californianas.

La ley SB 635, conocida como Ley de Protección de Vendedores Ambulantes, fue escrita por la senadora demócrata María Elena Durazo.
La ley SB 635, conocida como Ley de Protección de Vendedores Ambulantes, fue escrita por la senadora demócrata María Elena Durazo.
Crédito: mikeledray | Shutterstock

California protege a sus vendedores ambulantes 

Los vendedores ambulantes forman parte esencial de la identidad cultural y económica de California, pero en los últimos meses su vida cotidiana se ha visto afectada por el aumento de las operaciones migratorias. Hay que tener presente que las redadas encabezadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han dejado a muchos trabajadores en situación vulnerable; algunos han sido arrestados, otros viven escondidos y muchos más se han visto obligados a dejar de trabajar por miedo.

Además del temor a ser detenidos, los vendedores ambulantes en California enfrentaban una amenaza adicional, pues persiste la posibilidad de que la información personal que entregaban al solicitar permisos municipales, como su estatus migratorio o domicilio, pudiera ser utilizada por ICE para rastrearlos. Esta situación generó un clima de desconfianza hacia las autoridades locales y dificultó que muchos trabajadores se regularizaran o solicitaran permisos de venta.

En respuesta a esta problemática el estado aprobó la Ley de Protección de Negocios de Vendedores Ambulantes (SB 635), redactada por la senadora María Elena Durazo, que impide a las autoridades locales compartir datos personales de los vendedores con agencias federales de inmigración. Esta legislación marca un paso importante para reforzar la privacidad y la seguridad de miles de pequeños comerciantes en todo California.

“La SB 635 garantiza que estos emprendedores trabajadores puedan operar sus negocios sin temor a que su información personal sea entregada a las autoridades migratorias”, declaró Durazo. “Esta ley reafirma el compromiso de California de proteger a las familias inmigrantes, apoyar a los propietarios de pequeños negocios y garantizar que nuestros limitados recursos estatales y locales no se utilicen para el control migratorio federal”.

California hace frente a las controversiales políticas de Trump

Toma en cuenta que la Ley SB 635 entrará en vigor el 1 de enero de 2026, como señala NBC Los Angeles, marcando un nuevo comienzo para los miles de vendedores ambulantes que viven y trabajan en California. A partir de esa fecha los gobiernos locales deberán abstenerse de compartir información confidencial con agencias federales y tendrán hasta el 1 de marzo de 2026, según Los Angeles Public Press, para destruir cualquier registro que viole las disposiciones de esta ley. La medida busca garantizar que los datos personales de los vendedores, muchos de ellos inmigrantes, no sean utilizados en su contra.

El proyecto de ley fue impulsado con el apoyo de diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y de los trabajadores callejeros, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Community Power Collective, Inclusive Action for the City, Inland Coalition for Immigrant Justice y el Public Counsel. 

La aprobación de la SB 635 se da en un contexto de tensión política entre California y la administración Trump. El gobernador Gavin Newsom ha adoptado una postura firme frente a las políticas migratorias federales, promoviendo leyes que limitan la capacidad de ICE para realizar redadas en espacios públicos y protegen a las familias inmigrantes. Con estas medidas California reafirma su compromiso de ser un estado santuario, donde los trabajadores, sin importar su estatus migratorio, puedan ganarse la vida con dignidad y sin miedo.

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