Cómo es la “Ley Carlos” para proteger a los trabajadores de la construcción en Nueva York
La Ley Carlos, en honor al joven ecuatoriano Carlos Moncayo, fallecido en un área de construcción, espera la firma de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul para implementar sanciones que pueden llegar hasta el $1 millón de dólares a los contratistas que no cuiden a los trabajadores de la construcción
En Nueva York, los corporativos de la construcción podrían enfrentar fuertes multas y sanciones penales por ignorar las medidas de seguridad de sus trabajadores. Crédito: Shutterstock
A inicios de junio, la Asamblea del Estado de Nueva York aprobó la denominada “Ley Carlos”, en honor a un trabajador de origen ecuatoriano que perdió la vida trágicamente, sepultado en un área de construcción señalada en su momento como de riesgo en el bajo Manhattan. Tras poco más de siete años, finalmente, ambas cámaras avalaron el anteproyecto que protegerá a los trabajadores de la industria y que podría generar multas costosas y sanciones penales a los corporativos que la incumplan.
El proyecto de ley, codificado como S621B y que sólo espera la firma de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, aumentaría la multa máxima por responsabilidad penal de $10,000 a no menos de $500,000 dólares o no menos de $300,000 dólares, en el caso de un delito menor. Las corporaciones tendrán que enfrentar estor cargos por violar los protocolos de seguridad en cualquiera de sus etapas que conduzcan a la muerte o pongan en riesgo la vida de los trabajadores en los proyectos de construcción de la entidad.
“Ahora la negligencia letal de los empleadores de la construcción será castigada”, compartió la organización de defensa laboral New Inmigrants Community Empowerment (NICE), de la cual formaba parte Moncayo, en un comunicado compartido en Twitter. “Solo esperamos la firma de la gobernadora Hochul para que se convierta finalmente en ley”.
Este anteproyecto, luego de siete años estancado en la legislatura, define que las acciones de negligencia de seguridad operacional, son considerados delitos graves de tercer, segundo y primer grado.
En abril de 2015, Carlos Moncayo, de 21 años de edad, perdió la vida de forma trágica, luego de que este trabajador inmigrante de la construcción falleció enterrado cuando las paredes de un pozo de excavación se derrumbó sobre él, en un proyecto de Meatpacking District. Este caso conmovió a la Gran Manzana e inspiró esta nueva legislación.
El joven fue uno de 18 muertos por accidentes de construcción en el 2015. Diez de los fallecidos eran hispanos. Sólo uno pertenecía a un sindicato.
La empresa Harco Construction fue declarada culpable de homicidio involuntario, en lo que se consideró un caso histórico de seguridad en la construcción. Pero la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional sólo multó a la empresa con $10,000 dólares, la cantidad máxima, según la ley estatal.
Ahora, con el avance de esta legislación, las multas serán más fuertes contra los contratistas, pues se elevarán a $500,000 dólares. Incluso podrían llegar a $1 millón de dólares, con base a la gravedad de las violaciones.
La senadora colombiana-estadounidense Jessica Ramos, representante del Distrito 14 de Queens, destacó que hasta hace unos días el valor de la vida de un obrero fallecido en su sitio de trabajo eran “unos míseros $10,000 (dólares)”.
“Me emocionó al saber que pudimos impulsar esta ley en honor a Carlos y de los trabajadores que hemos perdido, esperando que se cristalizara este anteproyecto”, subrayó la legisladora.
Las corporaciones ya no podrán ignorar los protocolos de seguridad de sus trabajadores, donde pueden tener multas graves desde una lesión hasta un fallecimiento. No atender ciertas disposiciones costará mucho dinero y podría significar, de acuerdo al análisis de cada caso, sanciones penales a los responsables.
“Queremos que se respeten estas vidas y asegurarnos de que nadie sea tratado en el trabajo como si fuera desechable”, sentenció Ramos.
Teniendo este antecedente, la nueva ley no solo aplica sanciones más elevadas a los contratistas, sino que hace modificaciones muy específicas a la Ley Penal vigente en Nueva York, en relación con los delitos que implican la muerte o las lesiones de un trabajador en sus sitios de trabajo.
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