En EE.UU. los empleadores no están obligados por ley a ofrecer vacaciones pagas: cómo funciona el sistema

De acuerdo con la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) los pagos por tiempo no trabajado —vacaciones o feriados— dependen de los acuerdos entre el empleador y el empleado

Foto con una silla vacía por vacaciones laborales

En Estados Unidos, el pago de vacaciones u otro tiempo no trabajado depende de los acuerdos entre la empresa y el empleado. Crédito: Willow Dempsey | Shutterstock

En un sentido estricto, la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés), no obliga al empleador a pagar beneficios por el tiempo no trabajado derivado de vacaciones, convalecencia por enfermedad o feriados (sean impuestos por el gobierno federal, estatal o local). En ese sentido, aunque esta ley proteja a los empleados en lo que tiene que ver con el salario y el tiempo máximo que pueden trabajar en Estados Unidos, no existe ningún tipo de disposición en ella que le sirva a los trabajadores como herramienta para exigir tales beneficios.

A pesar de ello, esta ley aclara que el empleador puede tener una participación en la negociación de beneficios de esta naturaleza; es decir, quedará de su parte cualquier tipo de acuerdo al que llegue con el empleado o sus representantes durante el proceso de contratación.

¿Cómo se determina el pago de vacaciones en Estados Unidos si mi empleador no está obligado por ley?

Como la FLSA no obliga al empleador a ofrecer vacaciones pagas a sus trabajadores, no existe un estándar fijo relacionado con el cálculo de este tipo de beneficio. Por lo tanto, el monto total que una persona pudiera recibir por tales razones puede variar de un caso a otro, ya que dependerá exclusivamente de los acuerdos a los cuales llegue en conversaciones con su empleador durante el proceso de contratación. En el caso de ciertos tipos de industria —como la industria petrolera— la discusión de este tema se lleva a cabo durante la negociación de un contrato colectivo celebrada entre el empleador y un grupo que representa a los empleados; en otras palabras, una comisión de buena fe compuesta por representantes de los empleadores que hayan sido aprobados por la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

Aunque los empleados no puedan exigir el pago de vacaciones usando la FLSA, es importante considerar que pueden existir algunas excepciones. De acuerdo con el Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), existen otros tipos de contrataciones que pueden estar reguladas por leyes distintas. Tal es el caso de algunos contratos gubernamentales —aquellos celebrados entre el mismo gobierno del país y empresas de bienes y servicios— en los cuales no aplica la FLSA, pero sí otras leyes como la Ley de Contratos de Servicio de McNamara O’Hara (SCA, por sus siglas en inglés) y las normas laborales David-Bacon y afines.

Cuando un contrato gubernamental se encuentra regido por la SCA, los contratistas deben pagar a sus trabajadores no menos de las tarifas salariales y los beneficios complementarios que estén preestablecidos en la localidad donde se preste servicio. Estas tarifas pueden estar sujetas a aumentos si el convenio colectivo celebrado entre el gobierno y la representación de los trabajadores lo contempla. La SCA aplica en contratos de servicios gestionados por contratistas y subcontratistas que excedan los $2,500. Si el contrato es igual o menos a dicho monto, aplicará el salario mínimo federal y, por ende las disposiciones correspondientes reflejadas en la FLSA.

Por otro lado, los contratos gubernamentales donde aplica la ley Davis-Bacon son aquellos celebrados entre contratistas/subcontratistas y el gobierno federal por más de $2,000 para la intervención de edificios y obras públicas (construcción, alteración, reparación, pintura y decoración). Esta ley obliga a los empleadores a pagar a los trabajadores no menos de lo determinado por las leyes salariales vigentes localmente, incluidos los días festivos y tiempo de vacaciones a ciertos trabajadores que califiquen para tales beneficios, si así lo dispone el contrato de servicio que se haya llevado a cabo.

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