¿Pagar por trabajar? Qué es el TRAP en EE.UU.: un apartado de los contratos laborales que te esclaviza a tu empleo

Especialistas y legisladores discuten las controvertidas Disposiciones del Acuerdo de Pago de Capacitación (TRAP) contenidas en ciertos contratos de industrias minoristas, médicas, entre otras

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Hay empleadores que fuerzan a sus trabajadores a mantenerse en el empleo por medio de un contrato con TRAP. Crédito: Shutterstock

La esclavitud en Estados Unidos se abolió el 1° de enero de 1863, cuando Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación. Ha pasado más de un siglo y medio desde aquel entonces, no obstante, hay algunas dinámicas laborales “libres” controvertidas en el país que nos hacen preguntarnos si no vivimos en un tipo de esclavitud moderna. Algunas compañías del comercio minorista, la atención médica y la logística, por mencionar algunas, agregan en sus contratos un apartado conocido como TRAP (que las siglas parezcan a “trampa” es mera coincidencia), en las que los trabajadores están obligados a laborar determinado tiempo hasta que paguen por completo los costos de su capacitación.

Las denominadas Disposiciones del Acuerdo de Pago de Capacitación (TRAP) en los contratos laborales son una manera de someter a los trabajadores a cubrir una deuda adquirida con el empleador por los costos de su capacitación y pagable por medio de sus horas e ingresos de trabajo. En pocas palabras, un empleado que firma un contrato con TRAP está aceptando no renunciar a su empleo hasta pagar su deuda o trabajar durante un periodo arbitrario.

Evidentemente, muchos especialistas han condenado estas dinámicas poco justas, comparando la práctica con la servidumbre por contrato y el peonaje, en las que un prestatario estaba obligado a realizar un trabajo para un acreedor. De hecho, durante mucho tiempo, la vieja esclavitud se basaba en estos argumentos para cobrar la comida, la vestimenta y la estancia de la persona, quien tenía deudas impagables con su dueño.

También se ha criticado estas medidas TRAP como una forma de amenazar a los trabajadores con endeudarlos si renuncian. Entre las industrias más comunes que utilizan estas estipulaciones se encuentra el comercio minorista, la atención médica y la logística, entre otras.

Los empleadores justifican añadir el TRAP en sus contratos, ya que los cursos de capacitación brindados a la fuerza laboral que contratan, generan costos administrativos y logísticos para asegurar cubrir las necesidades de la empresa. No obstante, cuando un empleado recibe estas clases y se marcha, termina siendo una injusta pérdida de dinero para ellos. Para garantizar que la inversión en la capacitación de alguien valió la pena para la compañía, el trabajador contratado debe cubrir un determinado tiempo preestablecido para desquitar el costo de su curso o pagarlo, en forma de deuda, antes de irse.

Los TRAP han sido criticados recientemente por los legisladores debido a un litigio de acción colectiva contra la cadena de tiendas de mascotas PetSmart y al informe sobre los convenios restrictivos de un grupo de vigilancia llamado Student Borrower Protection Center. A principios de este mes, el Comité Bancario del Senado celebró audiencias para examinar los acuerdos y otras formas de deuda impulsada por los empleadores. En junio, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor también inició una investigación de acuerdos laborales que llevaron a los trabajadores a deber dinero a sus jefes.

BreAnn Scally, la demandante principal en la demanda colectiva contra PetSmart, les dijo a los legisladores cómo se quedó debiendo $5,500 dólares a la empresa para una “Academia de peluquería canina” que inicialmente se anunciaba como gratuita. Scally recordó cómo un gerente le dijo que podía salir de la deuda simplemente “aumentando las ventas” o convenciendo a los clientes de que compraran más productos y servicios de cuidado de mascotas. Ella aseguró que vendió productos por un valor de $6,000 dólares, pero aún le cobraron el monto total de la deuda, meses después de dejar el trabajo.

“Pensé que iba a recibir una capacitación importante y valiosa, pero no fue así”, mencionó Scally en su audiencia. “No obtuve ningún tipo de licencia o acreditación ni nada, y mi entrenamiento real fue solo de unas pocas semanas”.

Sherrod Brown, presidente del Comité Bancario del Senado, demócrata por Ohio, recordó que la servidumbre por contrato es ilegal en Estados Unidos y que estos nuevos contratos lo están renombrando. De acuerdo con información de Truthout, el legislador buscar frenar el TRAL por parte de los empleadores.

Los TRAP han sido utilizados comúnmente por los empleadores desde la década de 1990, pero en ese momento estaban reservados casi exclusivamente para trabajadores altamente especializados, como ingenieros o pilotos de líneas aéreas. A medida que los mercados se concentraban cada vez más y los legisladores disminuían el poder sindical en el siglo XXI, los patrones utilizaron su creciente dominio para imponer TRAP a los trabajadores de base, como camioneros, enfermeras, mecánicos, electricistas, vendedores, paramédicos, asistentes de vuelo, trabajadores bancarios, reparadores y trabajadores sociales.

“Si bien esos trabajos solían ser de clase media y estaban muy sindicalizados, muchos trabajadores en estos sectores ahora luchan financieramente y los niveles de sindicalización han disminuido“, señaló Jonathan F. Harris, el profesor asociado de derecho de Loyola Marymount.

Harris lideró un estudio legal el año pasado, donde se concluyó que los jefes utilizan principalmente TRAP para la “inmovilidad de los empleados”, para impedir que los trabajadores dejen sus trabajos.

La investigación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor sobre la deuda impulsada por el empleador examinará los acuerdos de franquicia entre otros arreglos laborales que “implican el pago diferido al empleador o a una entidad asociada por capacitación, equipo y otros gastos exigidos por el empleador”. La agencia también analizará los TRAP, aunque describió los arreglos como “Acuerdos de pago de capacitación”. También hay una investigación en curso de la oficina sobre los adelantos del día de pago (los llamados productos de “acceso al salario devengado”) que se inició en febrero.

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