Seguro de desempleo en Estados Unidos: algunos estados demandan que beneficiarios devuelvan dinero por “exceso de pago”

Hay un extenso debate en los gobiernos estatales y los legisladores locales sobre si los trabajadores que recibieron “exceso de pago” en los beneficios de desempleo deben devolverlo.

Según un informe de julio de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno federal, $12.9 mil millones de dólares en pagos en exceso salieron del Tesoro durante la pandemia, sólo el 2% de todos los fondos de desempleo enviados durante ese tiempo. Según el mismo informe, sólo una pequeña fracción de ese sobrepago es atribuible a fraude, una gran mayoría fue un simple error contable o administrativo.

Los beneficios de desempleo pandémico concluyeron el pasado 6 de septiembre. Ha sido un golpe para millones de bolsillos que aún dependían de estos pagos. Por si fuera poco, algunos trabajadores ahora deben lidiar con el dolor de cabeza por notificaciones estatales que solicitan que regresen el pago de buena parte de los beneficios que recibieron, al no ser elegibles para un pago que ya ocuparon. Si además le añadimos que muchos siguen desempleados, esto puede convertirse en tragedia.

Hay una propuesta que busca aumentar la cantidad de exenciones otorgadas por el Departamento de Asistencia para el Desempleo a los trabajadores que deben cientos de miles de dólares en beneficios estatales y federales que se suponía no debían recibir. Muchos de estos trabajadores desempleados que recibieron este dinero lo ocuparon para cubrir sus necesidades de alimentación, alquiler y pago de facturas, incluso sin percatarse que no eran elegibles para recibir tal cantidad. Es decir, muchos no tuvieron la culpa de estos errores administrativos.

“Estas son personas que aceptaron estos beneficios, que han utilizado para cubrir el alquiler, la comida y otras necesidades básicas, y ahora se les dice que tienen que devolver el dinero”, menciona el representante estatal Tram Nguyen, demócrata de Andover, copatrocinador del proyecto de ley. “En algunos casos, estos pagos en exceso no fueron culpa de los trabajadores”.

La propuesta, presentada por la representante Joan Meschino, demócrata de Hull, requeriría una exención para las personas cuyos ingresos después de impuestos sean 125% o menos que el nivel de pobreza del estado; si los fondos se utilizaron para “gastos de vida ordinarios”; o si el estado cometió un error técnico que provocó el pago en exceso, o si una notificación de pago en exceso tardó demasiado en procesarse.

“En estas circunstancias, será contra la equidad y la buena conciencia que el director recupere un pago en exceso, y el departamento otorgará una exención”, explica el proyecto de ley.

De acuerdo con el plan, también se requiere que el estado revise las exenciones que fueron previamente denegadas para los criterios expandidos. Si el estado cobraba los pagos en exceso de los trabajadores a los que luego se les otorga una exención, tendría 30 días para devolver esos fondos.

Aunque hay varias razones por las que pueden surgir los pagos en exceso, algunos de estos suceden cuando los solicitantes cometen algunos errores de buena fe al completar los formularios, creyendo que califican para unos beneficios que luego consideran que no son elegibles. A pesar de ello, el estado no puede eximirse de responsabilidad, ya que también se entiende que el departamento del trabajo local pudo pasar por alto estos errores por aprobar con prisa las reclamaciones.

Por ejemplo, en septiembre de 2020, el estado de Massachusetts informó 78,337 casos de sobrepagos por un total de $188,283,829 dólares. Eso es alrededor de $2,400 dólares por trabajador. En este caso, el gobierno ofrece a las personas la oportunidad de reembolsar una suma global o deducir los pagos semanales si aún reciben los beneficios. Incluso el dinero puede recuperarse en los reembolsos de impuestos o, en el peor de los casos, recurrir a tribunales.

El caso de Massachusetts sólo representa a muchos otros, aunque se cuentan por millones los problemas financieros que eso puede generar para los bolsillos de varias familias estadounidenses, que ni siquiera tienen los ingresos suficientes para solventar esa deuda.

Los beneficiarios que reciben notificaciones de sobrepago pueden apelar. El estado cobra un interés del 15% sobre el pago excesivo relacionado con el fraude al completar formularios, o “debido a una tergiversación o falta de divulgación de un hecho importante”.