Cómo es el proyecto de ley del Senado que ampliaría el beneficio de desempleo con $250 dólares semanales para trabajadores autónomos

El proyecto de la Ley de Modernización del Seguro de Desempleo busca que trabajadores autónomos sean califiquen para el seguro de desempleo de forma permanente

El proyecto de ley en el Senado busca que trabajadores que no suelen calificar para el seguro de desempleo lo hagan de manera permanente.
El proyecto de ley en el Senado busca que trabajadores que no suelen calificar para el seguro de desempleo lo hagan de manera permanente.
Foto: Pexels

El pasado miércoles se presentó un proyecto de ley en el Senado para ampliar el sistema de desempleo de Estados Unidos y llegar a los trabajadores estadounidenses más perjudicados por la pandemia de COVID-19, que no suelen ser elegibles para recibir los beneficios y poner a los estados en una base más equitativa de manera permanente.

Los senadores Ron Wyden, demócrata de Oregon y presidente del Comité de Finanzas, y Michael Bennet, demócrata de Colorado, fueron los responsables de subir al plena el proyecto de ley con esta ampliación.

El proyecto de ley, la Ley de Modernización del Seguro de Desempleo, busca convertir a los trabajadores por cuenta propia, autónomos, recién graduados y otros como un elemento permanente de la red de protección contra el desempleo y no como una medida temporal relacionada por los efectos del coronavirus o de cualquier emergencia económica.

Este tipo de trabajadores no son elegibles para recibir ayuda estatal, pero si el cambio en esta legislación se logra, calificarían para un beneficio semanal de ayuda para buscadores de empleo de $250 dólares, pagado por el gobierno federal y por hasta seis meses e indexado anualmente por inflación.

Este proyecto también contempla que la cantidad y la duración puedan aumentar durante épocas de alto desempleo. Se busca que con estas medidas los los beneficios estatales respondan mejor a las recesiones económicas y al aumento de desempleo.

Estos ajustes también prevén que los estados no puedan negar la ayuda por desempleo a los trabajadores que renuncien a su trabajo por razones “imperiosas”, como la pérdida del cuidado de los niños o riesgos inusuales para la salud o la seguridad, y horarios de trabajo irregulares, todos temas que han salido a relucir durante la pandemia.

“Nuestro sistema de seguro de desempleo está roto y lo ha estado haciendo durante décadas”, aseguró Wyden. “Como vimos el año pasado, es mucho más difícil para el sistema de desempleo trabajar en una crisis cuando ha sido descuidado y saboteado”.

Pero no está claro si los republicanos apoyarían una expansión tan permanente, que se creó en la década de 1930 durante la Gran Depresión. El equipo legislativo de oposición está se niega a dar más dinero a las personas. De hecho, el Plan de Rescate Estadounidenses de $1.9 billones de dólares, que contempla un aumento de $300 dólares a la semana hasta septiembre de 2021, tuvo que aprobarse por un recurso legislativo que permitió avalarlo sin la necesidad de ningún voto republicano.

Este proyecto pretende unificar de alguna manera el seguro de desempleo a nivel federal que se pueda brindar, sin importar las diferencias propias de los beneficios que ofrezca cada estado, ni del estilo de vida de cada ciudad. Sólo por mencionar un ejemplo, en Massachusetts se pagó $500 dólares por semana en promedio en febrero, la mayor cantidad de cualquier estado, mientras que en Luisiana sólo se pagó $193 dólares a la semana, como mínimo, según el Departamento del Trabajo.

De acuerdo con expertos, las diferencias entre los estados no están necesariamente guiadas por el costo de vida de la zona. Muchos estados, especialmente en el sur de Estados Unidos, recortaron los impuestos que financian las prestaciones por desempleo después de la Gran Recesión y, como resultado, recortaron la ayuda. La legislación procuraría reducir las diferencias entre los estados.

El proyecto de ley requeriría que los estados ofrezcan al menos 26 semanas de beneficios. Los beneficios también reemplazarían el 75% del salario promedio previo al despido de un trabajador (en comparación con aproximadamente la mitad en este momento), hasta el beneficio semanal máximo de un estado. El gobierno federal pagaría otros $25 dólares por semana por dependiente y reemplazaría por completo los salarios perdidos de los trabajadores durante emergencias de salud pública u otros desastres importantes.

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