Estafas de SNAP: ¿qué está haciendo el gobierno para evitarlo?
La Ley Agrícola de 2018 contempló más sanciones contra las estafas de SNAP, sin embargo, faltan más medidas para prevenirlo y combatirlo, entre el skimming de las tarjetas EBT y las solicitudes fraudulentas
En los Estados Unidos, son cada vez más comunes las estafas sobre SNAP, que roban el dinero a los beneficiarios y al propio gobierno. Crédito: Shutterstock
Con el avance tecnológico y desde que los cupones de alimentos, conocido así por la manera en la que se enviaban los recursos a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), dejaron de ser cupones para convertirse en una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT), cada vez son más comunes las estafas sobre esta ayuda federal. Pero los fraudes no son sólo en contra de las familias necesitadas a las que les roban los fondos para sus alimentos, también son de supuestos beneficiarios que no ocupan ese dinero para los fines a los que deberían estar destinados, es decir, para la compra de comestibles. Es menester del gobierno tratar de evitarlo para que no siga habiendo una fuga de recursos que, al final, terminan por afectar a los hogares de bajos ingresos, recrudeciendo la pobreza alimentaria en los Estados Unidos. Pero, ¿qué está haciendo? Los datos cercanos son poco alentadores.
El programa SNAP es uno de los más importantes en los Estados Unidos. Ayuda a más de 40 millones de personas mensualmente, a los que les brinda acceso a alimentos asequibles. No obstante, hay informes que mencionan la prevalencia de actividades fraudulentas dentro del programa. Esto no sólo provoca que se pierdan fondos entre la delincuencia voluntaria u organizada, también se erosiona la confianza pública y política del programa, por lo que existen críticos sobre su eficiencia, siendo los republicanos los más enérgicos, que deriva en fortalecer las restricciones del programa.
Uno de los desafíos más inmediatos es el skimming del EBT, mediante el cual los delincuentes roban fondos de los beneficiarios de SNAP y los convierten en efectivo o realizan compras al por mayor en los principales puntos de venta.
“Aunque los estafadores de tarjetas han afectado durante mucho tiempo a los usuarios de cajeros automáticos y de tarjetas de crédito, este problema se ha convertido recientemente en una epidemia nacional que apunta directamente a nuestros ciudadanos más vulnerables”, señala un análisis de The Hill. “Si bien las tarjetas de crédito y débito ahora incorporan tecnología de chip avanzada para frustrar a los delincuentes que intentan hacer un mal uso de materiales de ‘plástico blanco’, como llaves de hotel, con fines fraudulentos, SNAP sigue siendo vulnerable”.
El Consejo Unido de Bienestar Social ante el Congreso ya habría señalado que SNAP es el último gran programa de asistencia gubernamental que carece de herramientas efectivas de verificación de identidad utilizadas a nivel mundial. De acuerdo con este Consejo, las medidas antifraude laxas llevan a que incluso organizaciones internacionales de fraude, grupos terroristas y Estados-nación extranjeros se aprovechen de ello.
“Los delincuentes transnacionales pueden reprogramar los dispositivos de los puntos de venta de tarjetas de crédito para imitar a los minoristas legítimos. Emplean ataques masivos de bots, similares a los ataques distribuidos de denegación de servicio en sitios web, para realizar consultas de saldo utilizando números PIN programados. Las cuentas con tarjetas y números PIN coincidentes se agotan rápidamente”, asegura The Hill.
La publicación asegura que esto no podría ser posible sin destinatarios y minoristas dispuestos a culminar el fraude. Según informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), eliminar a los minoristas deshonestos del conjunto de 250,000 tiendas en todo el país requeriría casi tres décadas. La agencia aclara que faltan los medios y la autoridad para comenzar a investigar a los minoristas y deben proporcionarse a través de la legislación.
A través de la Ley Agrícola de 2018 se dio un primer paso para castigar, mas no prevenir, los fraudes sobre SNAP. Hay un mayor intercambio de datos entre agencias federales y estatales para constituir un elemento disuasorio más fuerte sobre este tipo de actividades delictivas. Pero hace falta hacer más.
Una mayor inversión en tecnología de análisis de datos avanzados y sistemas de verificación digital podrían ayudar a detectar más anomalías y patrones indicativos de fraude. Había un proyecto conocido como el National Accuracy Clearinghouse, que ya estaba probado para implementarse en todos los estados para fines de 2021. Esta tecnología ayudaría a simplificar las cargas administrativas tanto para los destinatarios como para los administradores de programas y reforzaría significativamente la capacidad para identificar y prevenir el fraude.
Lamentablemente, el USDA eligió un programa piloto alternativo que concluirá en 2027.
Recientemente, el Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA reveló la tasa de error de pago (PER) para todos los estados. El PER forma un componente de los controles y equilibrios de responsabilidad para garantizar que las agencias SNAP estatales y del condado determinen con precisión la elegibilidad y los montos de los beneficios. El PER nacional alcanzó un máximo histórico este año con un 11.54%, lo que significa que hay $34 millones de dólares en sobrepagos diarios.
Los estados son quiénes deben detectar, prevenir y procesar el fraude. Y a pesar de que reciben fondos federales, la USDA sólo les asigna el 0.05% de su presupuesto a la integridad del SNAP.
En conclusión, para que este problema vaya en un camino hacia la solución, la Ley Agrícola de este año debería abordar el hecho de un mayor presupuesto para combatir el fraude sobre SNAP.
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