Vacunas contra COVID-19: la administración de Joe Biden anuncia la obligatoriedad de la vacuna o realización de pruebas Covid regulares

Este jueves, la administración del presidente Joe Biden anunció un mandato con dos nuevas normas de seguridad que deben aplicarse en todo Estados Unidos: la primera, se exige que las grandes empresas soliciten la vacunación contra Covid-19 a sus empleados o, en su defecto, se realicen pruebas Covid con regularidad; la segunda, la obligatoriedad de la vacuna para la mayoría de los trabajadores de la salud.

Según las autoridades federales, se muestra al Covid-19 como un riesgo ocupacional, es decir, que aún está presente y puede causar afectaciones al país. La regla de emergencia temporal para el sector privado requiere que todas las empresas privadas de EE. UU. que empleen a 100 trabajadores o más, desde supermercados hasta plantas empacadoras de carne, exijan la vacunación completa a sus trabajadores para el 4 de enero de 2022 y que los trabajadores no vacunados produzcan resultados negativos en pruebas semanales de COVID-19.

Esto busca impactar a 80 millones de estadounidenses que aún no tienen su esquema de vacunación completa, o dos tercios de todos los trabajadores del país. Las empresas que no cumplan con este mandato podrían recibir una multa de $14,000 dólares por infracción y los hospitales podrían perder el acceso a los dólares de Medicare y Medicaid.

En la regla del sector privado, redactada por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento del Trabajo, también se requiere que los empleadores brinden tiempo libre pagado para que los empleados se vacunen, así como mandatos de mascarilla para todos los trabajadores no vacunados. Estas medidas deben cumplirse desde ahora y hasta el 5 de diciembre de 2022.

La fecha límite para el cumplimiento de la vacuna para los trabajadores federales, sin opción de prueba, sigue siendo el 22 de noviembre, mientras que la fecha límite para los contratistas federales se retrasó del 8 de diciembre al 4 de enero de 2022.

Estos ajustes a las medidas de vacunación establecidas por el gobierno federal se presentan a una semana de que se diera a conocer que 12 estados establecieron un total de tres demandas en contra de la administración de Joe Biden, una colectiva firmada por fiscales de Alaska, Arkansas, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming y otras dos individuales presentadas por Texas y Florida, donde exigen el fin de este mandato, considerándolo que viola la ley federal de adquisiciones y es una extralimitación del poder federal.

Asimismo, a la par de la regla de OSHA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) estableció que todos los trabajadores de la salud en las instalaciones que participan en Medicare y Medicaid estén completamente vacunados. Esta disposición se aplica a más de 17 millones de trabajadores en aproximadamente 76,000 instalaciones de atención médica, incluidos hospitales e instalaciones de atención a largo plazo, según el HHS. El requisito concierne a todos los empleados de las instalaciones, clínicos o no clínicos, incluidos los empleados, estudiantes, aprendices y voluntarios.

“También incluye a las personas que brindan tratamiento u otros servicios para la instalación bajo contrato u otros arreglos. Entre los tipos de instalaciones cubiertos por la regla se encuentran los hospitales, los centros de cirugía ambulatoria, las instalaciones de diálisis, las agencias de salud en el hogar y las instalaciones de atención a largo plazo”, menciona el anuncio de la administración de Biden.

Al igual que el mandato de OSHA, la regla del HHS requiere que los trabajadores de la salud estén completamente vacunados antes del 4 de enero de 2022.

Algunos expertos señalan que estas medidas podrían ser un guiño de parte de la administración de Biden hacia las industrias a sus constantes solicitudes de esperar hasta después de las vacaciones para imponer mandatos de vacunación y fomentar la escasez de trabajadores. Aunque la administración no confirmó esta cuestión, los funcionarios dijeron que el enfoque principal era facilitar el cumplimiento para los trabajadores y alinear los plazos en todo el sector privado.

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