Moratoria de desalojo: los CDC anuncian una nueva norma limitada y selectiva que expira en octubre

En esta ocasión, la prohibición de los CDC será limitada y sólo se aplicará en áreas del país con transmisión alta o sustancial de Covid-19, y no de manera general en todo el país

Activistas han salido a la calle para impedir desalojos durante la pandemia. Crédito: Michael M. Santiago | Getty Images

04 Ago 2021, 12:40 PM EDT

El martes pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una nueva suspensión de desalojos, con base en el riesgo que continúa siendo la pandemia de Covid-19 para la salud pública y el impedimento que conllevaría controlarla nuevamente por medio de la vacunación.

La nueva moratoria de desalojos se ejecuta luego de que el presidente Joe Biden y su administración no implementaran una ampliación de la iniciativa que expiró el pasado 31 de julio. Tal como lo hicieran en agosto de 2020, este edicto de los CDC trata de corregir de manera similar el rumbo para millones de inquilinos en riesgo de quedarse en la calle. Tanto en ese momento como ahora, el riesgo de contraer coronavirus sigue latente, hoy en día con la nueva cepa Delta, por lo que esta entidad emite la moratoria para evitar que la enfermedad se siga propagando y continúe avanzando la vacunación para mitigarla, más allá de salvaguardar las finanzas de los estadounidenses que no tienen para pagar una renta.

Pero la nueva moratoria de desalojo de los CDC es más limitada y selectiva que la del año pasado. La nueva prohibición sólo se aplicará en áreas del país con transmisión alta o sustancial de Covid-19 y durará hasta el 3 de octubre, según el anuncio.

“En el contexto de una pandemia, la moratoria de desalojo, como la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social, puede ser una medida eficaz de salud pública utilizada para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles”, se lee en el comunicado. “La moratoria de desalojo facilita el autoaislamiento y la auto cuarentena de las personas que se enferman o corren el riesgo de transmitir COVID-19 al mantener a las personas fuera de los entornos de congregación y en sus propios hogares”.

Cabe recordar que la normativa no es ley, por lo que es posible que muchos de los propietarios se acerquen a los jueces e impugnen la prohibición de los CDC para tratar de evitar que se aplique en sus casos, tal como sucedió a finales del 2020.

En sus primeros días en la presidencia, Joe Biden amplió la moratoria de la administración anterior de Donald Trump hasta febrero, para tratar de realizar un programa que pudiera extenderlo más tiempo. Posteriormente, los CDC tuvieron que entrar al juego político y social, luego de que el mandatario sólo se preocupó de las ejecuciones hipotecarias y no visualizará el problema de los inquilinos. En principio, se prohibieron los desalojos hasta junio. Cuando se acercó la fecha, tanto las ejecuciones hipotecarias como los desalojos de inquilinos se detuvieron hasta el 31 de julio. Ante la nula respuesta gubernamental para evitarlos, los CDC emitieron su propia orden para que dure hasta octubre.

La resolución se detendrá antes de otro congelamiento de desalojos a nivel nacional, pero en cambio tendrá un alcance más limitado, dirigido a lugares con una alta propagación de Covid. Una fuente cercana a este esfuerzo mencionó que el anuncio cubriría el 80% de los condados de EE. UU. y el 90% de la población del país.

El presidente dijo el martes que la nueva prohibición de desalojo sería diferente a la anterior. Pero reconoció abiertamente que probablemente enfrentaría un escrutinio legal, aunque consideró que el tiempo que demora el proceso judicial en desarrollarse permitirá que la asistencia de emergencia para el alquiler llegue a los inquilinos con problemas.

Durante los últimos días, la Casa Blanca y los CDC habían buscado vías legales para extender la prohibición nacional de desalojos, ahora vencida, mientras los demócratas en el Congreso lo acusaron en voz alta de inacción. Sin embargo, académicos constitucionales asesores advirtieron que una moratoria “no era probable que pasara el examen constitucional”. A pesar de ello, se concluyó que valía la pena intentarlo para brindar tiempo adicional antes de enviar “esos $45 mil millones de dólares a personas que de hecho están atrasadas en el alquiler y no tienen el dinero“, mencionó el mandatario.